Obispos piden a gobierno solucionar crisis en cárcel de Venezuela

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), llamó al gobierno solucionar la crisis que se vive desde septiembre en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), agudizada por la falta de alimentos y medicinas, garantizando el respeto íntegro de los derechos humanos de los presos.

En el comunicado firmado por Mons. Roberto Lückert, presidente de la Comisión, se expresa la preocupación de los obispos por los hechos violentos que siguen ocurriendo en la PGV desde septiembre, y que se han agravado por la influencia –de acuerdo fuentes que prefieren el anonimato-, de los “pranes”, que es como se conocen a los jefes de los presos. Además se han registrado enfrentamientos, incluso con algunas explosiones.

“Rechazamos toda forma de violencia de los organismos de seguridad del Estado y del responsable de la custodia y seguridad personal de las personas privadas de libertad y de sus familiares”, expresó el comunicado.

En ese sentido, el texto de la CEV respaldó el llamado de los familiares para que las autoridades investiguen e informen lo que realmente sucede en la PGV, pues se ha denunciado que dentro del recinto “hay presos con tuberculosis, quienes está muriendo por la falta de atención por parte de los organismos competentes”.

Además, señaló, las familias han denunciado que se impide la entrega de alimentos, agua potable y medicinas, y también se han prohibido las visitas. “El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha entregado algunos paquetes de alimentos, sin embargo, estos insumos no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población en conflicto”, indicó.

Ante este panorama, la Comisión Episcopal exhortó a las autoridades a resolver los problemas de la PGV y garantizar “íntegramente los derechos humanos de la población reclusa y de sus familiares” tal como señala el Derecho Internacional, la Constitución venezolana y demás leyes nacionales, “instrumentos jurídicos que establecen obligaciones no declinables e indelegables a cargo de los entes gubernamentales”.

“No pueden las autoridades pretender ampararse en situaciones de pérdida de control interno debidas a su propia omisión e inacción para ejercer represalias o castigos colectivos que afectan no solamente a la población reclusa sino también a todos sus grupos familiares”, señalaron.

Además, “solicitamos atender de manera integral la situación penitenciaria, y con urgencia a las personas privadas de libertad que presentan enfermedades graves y contagiosas, garantizar la alimentación y la salud; así como la atención de los niños, niñas y adolescentes”.

Finalmente, encomendaron “esta preocupante situación a la Virgen de la Merced, redentora de los cautivos y exhortamos al pueblo acompañarnos con su oración y solidaridad”.